Los alcaldes de los pueblos de La Hoya con menos de 5.000 habitantes rechazan la Reforma Local

Como adelantó este semanario en su edición impresa, la Reforma Local impulsada por el gobierno central y que ya se ha presentado ante la Comisión Nacional de Administración Local está siendo estudiada al detalle por los alcaldes de la comarca, especialmente por los de menos de 5.000 habitantes, pues ellos son los señalados por la Administración central como generadores del mayor déficit público. El Ministerio de Hacienda acusa a estos municipios de menor tamaño de prestar determinados servicios por encima del coste real, por lo que les obligará a tomar medidas. Según se recoge en la reforma local que plantea el Estado, los Ayuntamientos estarán obligados a ajustarse a un coste estándar cuando presten determinados servicios, unas cantidades que serán fijadas por el estado tras sacar una media de lo que pagan los diferentes entes locales.
Esta decisión se toma tras detectarse que buena parte de las administraciones locales, sobre todo las de menos de 5.000 habitantes, prestan sus servicios a un coste superior al que deberían, siempre según se afirma desde la Administración Central.
Una vez aprobada la ley, todos los consistorios deberán ajustarse al llamado coste estándar que fije la Administración local. En caso de no hacerlo se les retirará la gestión de los servicios para cederlos a entidades supramunicipales como las diputaciones. Junto al servicio, los organismos provinciales recibirán la financiación y los funcionarios que se necesiten. En todo caso, los entes locales de mayor tamaño podrán ceder esa gestión voluntariamente o aplicarse para mejorar la eficiencia, con la amenaza de que se les aplique la ley de estabilidad presupuestaria y sus mecanismos de intervención.
Una de las premisas a tener en cuenta es que el Estado quiere ahorrar con esta reforma más de 7.000 millones de euros, aunque se puntualiza que en este ahorro no hay prevista una reducción de sueldo de los empleados municipales.
Preguntado por la decisión del Gobierno central de poner coto al gasto municipal, el alcalde Cortes de Pallás, Alberto Sáez, ha calificado esta reforma —previo estudio del anteproyecto de ley— como «un atropello y un acto demagógico con el que se demuestra que hay determinados altos cargos que no tienen ni idea del funcionamiento o la situación real de las Administraciones locales», según ha dicho.
Alberto Sáez ha ido un paso más allá y no ha dudado en considerar que la aplicación de esta iniciativa «supondrá una eliminación encubierta de los pueblos más pequeños y que geográficamente están más aislados, como es el caso de Cortes de Pallás».
«Es escandaloso que se ataque al más débil y al que menos deuda tiene, a lo que se une la intención de gravar aún más a los vecinos con tasas que harán que la situación sea insoportable. Se meten con las Administraciones locales cuando muchos de los problemas que sufrimos son provocados por el impago de las Comunidades Autónomas. En definitiva, me parece poco seria esta reforma y poco ajustada a la realidad», ha añadido el primer edil.
Alberto Sáez ha considerado imprescindible que los ayuntamientos apliquen el principio de eficiencia financiera que impida no gastar más de lo que se ingresa, aunque ha pedido que el Gobierno central respete otro principio como el de «autonomía» de los entes locales «a quienes se está menospreciando con este tipo de decisiones», como ha añadido.
«Es rotundamente falso que el 92% de la deuda las Administraciones la generen los Ayuntamientos pequeños, así como que no podamos pagar los servicios que ofrecemos. Los pueblos pequeños no somos los causantes de la deuda financiera, por lo que quizás quienes han tomado esta decisión deberían haber mirado hacia las grandes capitales que a día de hoy deben miles de millones. En este punto, aprovecho para recordar que Cortes de Pallás tiene la carga tributaria por habitante de las tres más bajas de España y que ofrecemos servicios que el ciudadano no puede pagar y que vienen condicionados en muchos casos por nuestra situación geográfica. Es absurdo que alguien venga ahora a retirárnoslos y a cederlos a otras Administraciones, pues esto lo encarecería notablemente», ha concluido la máxima autoridad local.
En Yátova, el alcalde, Rafael Lisarde, ha recordado que a día de hoy los Ayuntamientos están ajustando los servicios que ofrecen al máximo, «pues nadie puede gastar más de lo que tiene». En este punto, ha insistido que en Yátova no se hace nada que no pueda pagarse, por lo que invita a mirar a otros Ayuntamientos como el de Buñol «en el que se han acumulado 12 millones de deuda», ha recordado.
«Creo que hay otras formas de reducir el gasto público que no pasen por retirar competencias a los entes locales, sobre todo a los que han hecho bien las cosas y siguen trabajando por el bien de sus ciudadanos», matiza.
En Godelleta, el primer edil, Salvador Marín, ha preferido esperar a un análisis en profundidad de la anunciada reforma antes de valorarla públicamente. Sin embargo, ha considerado muy necesario que de cara al futuro «se aclare qué servicios son obligatorios para los ayuntamientos y los que no».
Por último, ha reconocido que cada municipio vive una situación diferente, «por lo que sería conveniente analizar al detalle cada caso en concreto antes de tomar decisiones».
Desde Alborache, su homólogo Miguel Pinach ha considerado «lógico» que se tomen medidas, aunque cree que antes de tomar una de este calado «debería tenerse muy en cuenta tanto la solvencia como la situación real de cada consistorio, pues no todos están en la misma coyuntura».
«Si bien es cierto que algunos Ayuntamientos han asumido competencias y servicios que no les toca y que pagaban con los ingresos extraordinarios que ahora ya no tienen, también hay que decir que otros tienen sus cuentas saneadas y al día, lo que les permite poder asumir determinados pagos, por lo que no es conveniente tratar a todos por igual. Además, en este punto hay que recordar que la aplicación del principio de austeridad decretado por ley por el propio Gobierno central ha contribuido a que a día de hoy no podamos gastar más de lo que vayamos a ingresar. Nuestra gran preocupación es optimizar recursos y abaratar el coste de los servicios para el ciudadano. Antes de pensar en descargar competencias, debemos analizar lo que tenemos y lo que realmente nos compete a fin de poder tomar medidas eficaces», como ha afirmado Miguel Pinach.
Abundando en la cuestión, el alcalde cree conveniente dejar que los Ayuntamientos que tienen recursos mantengan su autonomía y puedan seguir prestando determinados servicios, «pues debe existir un equilibrio entre lo que se puede y lo que se debe hacer».
«Personalmente, veo razonable aplicar el principio de austeridad, pues los recursos son escasos a día de hoy. Sin embargo, si se cumple lo que se requiere en cuanto a control del gasto no veo inconveniente alguno para que un determinado Ayuntamiento se haga cargo de determinados servicios. Por otra parte, si el ente local está en quiebra financiara es más que oportuno que sean otras instituciones las que asuman su gestión», ha puntualizado.
Respecto a quienes señalan con el dedo a los municipios menores de 5.000 habitantes, la máxima autoridad local ha recordado que porcentualmente «siempre será más barato prestar determinados servicios en un pueblo de 20.000 habitantes que en uno de 1.000».
Por último, la alcaldesa de Macastre, Mª José Casero, ha dado continuidad al sentir general de los alcaldes. La munícipe cree conveniente que las leyes ayuden a que los Ayuntamientos puedan prestar determinados servicios que los ciudadanos demandan, «pues se olvidan de que nosotros somos la Administración más cercana al vecino y que si se nos recorta o se nos deja de pagar las subvenciones prometidas a quienes se lo echan en cara es a nosotros».
«Aunque para determinados Ayuntamientos puede significar un alivio que le retiren determinadas competencias, entiendo que a día de hoy otras Administraciones más endeudadas que nosotros. En todo caso, cuando nos endeudamos es porque no hemos recibido el dinero que se nos prometió. No estoy de acuerdo con la decisión de que se pueda llegar a gravar más a los ciudadanos ni con el hecho de que se nos pueda restar autonomía. Siempre que podamos ofrecer determinados servicios entiendo que deberían dejarnos hacerlo, pues a día de hoy existen otras cuestiones sobre las que se puede actuar para reducir el gasto de la Administración pública. No considero que los pequeños consistorios seamos los causantes de los males, sino más bien quienes sufrimos más duramente las restricciones. Somos conscientes de que no podemos gastar más de lo que ingresamos», ha concluido la alcaldesa de Macastre.