El Ayuntamiento de Chiva ha sido obligado a restituir en su puesto al intendente-principal, jefe de la Policía Local de Chiva, José Javier Collado Pérez, según resolución de la alcaldía de fecha 30 de mayo de 2017, tras quedar desvirtuadas todas y cada una de las acusaciones vertidas contra él en el expediente disciplinario incoado el 10 de enero pasado y que conllevó su apartamiento del cargo, con difusión pública de esa decisión por parte del ayuntamiento, después de que el instructor del expediente, nombrado por el IVASPE, concluyese en su dictamen final la inexistencia de responsabilidad y la falta de consistencia de esas acusaciones, tal como han informado desde el Sindicato Profesional de Jefes y Mando de la Policía Local de la Comunidad Valenciana, SIPROJEFES CV.
“No sólo eso, sino que el propio instructor dejó sin efecto dos de las cuatro acusaciones al día siguiente de la toma de declaración del jefe de Policía Local. El ayuntamiento acusaba al Sr. Collado de tres faltas graves y una muy grave. Las tres primeras eran la emisión un informe “desnaturalizado”, “dejación de funciones” al no haber realizado las Memorias Anuales del cuerpo de los años 2014 y 2015 y patrullar de paisano “habitualmente”. En cuanto a la muy grave, le imputaba “insubordinación manifiesta” por redistribuir las tareas del intendente Francisco Esteso Navarro, quien, curiosamente, ha estado todo este tiempo ejerciendo las funciones de jefe de la Policía Local de Chiva por mandato directo del alcalde, Emilio Morales Gaitán, pese a que su incorporación a la plantilla policial de Chiva es en comisión de servicios desde el pasado 11 de agosto de 2016, comisión que está recurrida en los tribunales por un sindicato policial al incumplir la normativa que obliga a otorgar ese puesto con publicidad de la convocatoria”, han añadido.
El instructor del expediente, intendente principal como el expedientado, retiró dos de esas acusaciones nada más tener conocimiento del contenido del expediente y únicamente entró a valorar dos posibles infracciones, la de la elaboración de las memorias y la de no vestir de manera habitual el uniforme reglamentario en el ejercicio de sus funciones. El expediente fue incoado el 10 de enero. Un mes después fue nombrado el instructor y la primera diligencia fue la toma de declaración del jefe de la Policía Local de Chiva, el 9 de marzo. Sólo un día después, el 10 de marzo, el instructor elabora el pliego de cargos, en el que ya retira dos de ellos -una falta grave y la muy grave-porque “no se cumple mínimamente el principio básico del derecho penal y de la potestad sancionadora de lesividad u ofensividad”. Y continúa el expediente con las dos faltas graves antes aludidas. Así, ese mismo 10 de marzo propone que el ayuntamiento debe “incorporar inmediatamente al funcionario D. José Javier Collado Pérez a su puesto de intendente principal jefe de la Policía Local de Chiva con fecha 15 de marzo de 2017”.
11 testigos, 9 de ellos Policias Locales
En los días siguientes, el instructor tomó declaración a 11 testigos, 9 de ellos policías locales de Chiva —entre ellos, al intendente Esteso— para saber si el Sr. Collado vestía el uniforme reglamentario y requirió al IVASPE y al Ayuntamiento de Chiva la documentación para comprobar si las memorias habían sido realizadas y entregadas, tal como defendía el expedientado.
De los 11 testigos, todos, salvo Esteso y el inspector Javier López Cervera, coincidieron en que el expedientado “viste siempre de uniforme, salvo en los casos justificados, como es asistir a juicios o tener citas médicas”. Sólo Esteso insiste en que “un día”, el 9 de enero de 2017, “lo vio de paisano”. En cuanto a López, en su declaración esgrime que “para él habitualidad es todos los días y en ese caso su respuesta ha de ser no”, si bien responde que cuando lo ha visto de paisano “no sabe si existía causa justificada para ello”.
Por todo eso, el instructor concluye en la propuesta de resolución, fechada el 5 de mayo pasado, que “no queda acreditado que el intendente principal Sr Collado prestara habitualmente su servicio sin el uniforme reglamentario” y que “tampoco queda acreditado que el día 9 de enero”, en el que basaba la Alcaldía su acusación, “el inculpado prestara servicio de paisano” al existir, lo que el instructor llega a calificar de “contradicciones exasperantes”.
Por lo respecta a las memorias, el instructor es igual de tajante. De hecho, no sólo la Generalitat Valenciana confirma la elaboración y remisión de ambas memorias, sino que, además, el propio ayuntamiento se ve obligado a reconocer “la existencia física y en soporte informático en la unidad administrativa de la Policía Local de Chiva”, tal como había reiterado el expedientado desde el primer momento, aunque al parecer el ayuntamiento no había sido capaz de encontrar esa documentación en sus propias dependencias, pese a lo cual lo incluyeron en el decreto de alcaldía por el que se incoaba el expediente y difundieron la falsedad a través de un comunicado de prensa el día 10 de enero —minutos después de comunicar ese expediente a su jefe de Policía Local—, comunicado del que se hicieron eco numerosísimos medios de comunicación, tanto escritos como digitales, así como en emisoras de radio, incluso de ámbito nacional, lo que da una idea del escarnio al que se ha tratado de someter a este funcionario policial.
25 días en emitir la resolución
Pese a que el instructor del expediente ya había retirado dos de los cargos y había propuesto la reincorporación inmediata del Sr. Collado el 10 de marzo, y que en ese pliego de cargos advertía de que la suspensión de empleo y sueldo de 6 meses impuesta por la alcaldía era desproporcionada y que esa medida “podría exceder de las posibles sanciones a las que se expone el funcionario expedientado”, el Ayuntamiento de Chiva aún ha tardado 25 días en emitir la resolución por la que se archiva en todos sus términos el expediente que, como ya se ha dicho, fue cerrado por el instructor el 5 de mayo.
Acciones legales contra el alcalde, Emilio Morales
“Por todo eso, para poner freno a la persecución y acoso laboral manifiestos a que se está viendo sometido desde hace ya dos años, el Sr. Collado va a emprender acciones legales para exigir responsabilidades contra el alcalde de Chiva, Emilio Morales, quien, como es conocido, ya está incurso en al menos tres procesos judiciales, uno por calumnias que está en fase de apertura de juicio oral, otro por delito contra la libertad de los trabajadores por presuntamente vetar a una médico en el dispositivo de prevención de las Fiestas del Torico de la Cuerda de Chiva por lazos familiares con una exconcejala del PP, y otra más, por supuestas coacciones a un concejal del PSPV de Chiva para forzar su dimisión, coacciones que habría cometido desplazándose a Carboneras (Almería), a 400 kilómetros de Chiva, en unión del primer teniente de alcalde, Fernando Casanova Escorihuela, también investigado en las dos últimas causas judiciales citadas”, tal como han recordado desde el sindicato policial.
“Este hecho es un reflejo de las injustas situaciones de acoso y derribo que están sufriendo muchos jefes de Policía Local en municipios de la Comunitat Valenciana y que desde Siprojefes hemos venido denunciando reiteradamente durante las reuniones que estamos manteniendo con todos los grupos políticos con representación parlamentaria en las Corts Valencianes, tal como hemos informado recientemente”.
Desde Siprojefes han reitarado “la necesidad de que los puestos de jefatura y mando de las policías locales se mantengan al margen de los colores políticos que gobiernen en cada momento los municipios de esta Comunidad. Son puestos técnicos y profesionales que bajo ningún concepto deberían ser utilizados por los gobernantes. Insistimos en nuestra condición de profesionales que no deben ser tratados como marionetas por ningún alcalde ni alcaldesa”.
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